El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda), entre los años 2024 y 2025.
La judicialización también involucra a María Luisa Pedraza Canaria, quien, según la investigación, habría participado en el supuesto entramado que permitió direccionar contratos y ejecutar funciones sin tener vínculo formal con la administración municipal.
De acuerdo con la Fiscalía, Krasnov es investigado por los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública, cargos que decidió no aceptar durante la audiencia.
Las pesquisas preliminares indican que el mandatario habría delegado en Pedraza Canaria la coordinación de procesos contractuales de Ecovivienda, pese a que no tenía relación laboral con la Alcaldía. Según las autoridades, la mujer habría intervenido en la suscripción de contratos sin procesos de selección y en la elección de contratistas que, en varios casos, no cumplían con los requisitos legales.
La Fiscalía también señaló que Pedraza Canaria habría organizado reuniones para agilizar desembolsos de recursos a contratistas sin avances en las obras, además de participar en la entrega de mejoramientos de vivienda y dar instrucciones para la vinculación de personal en la entidad.
El caso se da en medio de un contexto judicial complejo para Krasnov, cuya elección como alcalde de Tunja fue anulada por el Consejo de Estado, decisión que implica que el proceso administrativo será remitido nuevamente al Tribunal Administrativo de Boyacá para definir el encargo de la administración municipal.
Frente a las acusaciones, el mandatario ha sostenido que las investigaciones responden a intereses políticos y ha afirmado que su administración ha sido objeto de presiones por no alinearse con estructuras tradicionales. “Nos pusieron en la mira no por robar, sino por no negociar con las viejas estructuras políticas”, ha señalado.
No obstante, la Fiscalía continúa avanzando en el proceso judicial, en el que se busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de la contratación de Ecovivienda, un programa orientado a la construcción y mejoramiento de vivienda para personas de bajos ingresos en la capital de Boyacá.
El caso sigue en etapa judicial y será la justicia la encargada de definir la responsabilidad de los implicados en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la gestión de los recursos públicos a nivel territorial.
