La relación entre el Gobierno nacional y la junta directiva de Ecopetrol atraviesa un nuevo episodio de tensión tras conocerse que cuatro de sus nueve integrantes no asistieron a una reunión convocada por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en medio de un contexto marcado por cuestionamientos financieros y decisiones estratégicas en la compañía.
Según se conoció, los miembros que no acudieron a la cita fueron los independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, el representante de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, y Juan Gonzalo Castaño, quien se encontraba fuera de Bogotá. La ausencia de estos directivos se suma a antecedentes recientes de encuentros fallidos entre el mandatario y el órgano de gobierno de la petrolera.
La convocatoria a la reunión se dio luego de un episodio previo en el que un encuentro programado a comienzos de abril fue cancelado, lo que derivó en pronunciamientos del presidente Petro, quien cuestionó públicamente la actitud de algunos miembros de la junta frente a decisiones relacionadas con la administración de la empresa.
El nuevo episodio ocurre en un momento particularmente sensible para Ecopetrol.
La calificadora Standard & Poor’s redujo recientemente la calificación crediticia global de la compañía de BB a BB-, en un informe que también cuestiona aspectos de su gobierno corporativo y advierte sobre el impacto de la relación con el Ejecutivo.
Entre los elementos señalados por la agencia se destaca el comportamiento financiero de la empresa. De acuerdo con el informe, el flujo de caja discrecional respecto a la deuda cerró en –5,0 %, muy por debajo de la expectativa de +2,5 %. Esto implica que, frente a una deuda que supera los 118 billones de pesos, Ecopetrol no solo dejó de generar recursos proyectados, sino que habría consumido cerca de 5,9 billones adicionales, ampliando la brecha frente a lo esperado.
En este contexto, expertos señalan que la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado se aproxima a los 8,85 billones de pesos, lo que representa un impacto significativo en la sostenibilidad financiera de la compañía.
Las tensiones también se explican por los temas que estarían sobre la mesa en la reunión.
Fuentes cercanas indicaron que el presidente Petro ha solicitado información sobre contratos próximos a vencerse, cuyo valor asciende a cerca de 20 billones de pesos, y ha planteado que estos no serán prorrogados, sino que deberán pasar a procesos competitivos.
Además, el mandatario ha pedido a la junta directiva que refuerce la vigilancia sobre el cumplimiento de estas decisiones, en un contexto donde también se han puesto en conocimiento de la Fiscalía posibles situaciones relacionadas con movimientos financieros de algunos directivos.
El ambiente interno de la compañía se ha visto impactado, además, por la situación de Ricardo Roa, quien enfrenta imputaciones por presunto tráfico de influencias y por la violación de topes en la campaña presidencial de 2022, y quien actualmente se encuentra con licencia no remunerada.
Mientras tanto, la dirección de Ecopetrol está en manos de un presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, quien en sus primeras declaraciones ha abordado los cuestionamientos derivados del informe de Standard & Poor’s y ha marcado distancia frente a la administración anterior.
La ausencia de varios miembros de la junta en una reunión clave con el presidente refleja la complejidad del momento que atraviesa la principal empresa del país, en un escenario donde convergen decisiones políticas, presiones financieras y debates sobre el rumbo estratégico del sector energético en Colombia.
