Una operación de más de ocho horas en el sur de Bogotá dejó al descubierto un esquema organizado de urbanismo ilegal que combinaba invasión de terrenos protegidos, manipulación de infraestructura y engaño sistemático a familias vulnerables. En el Agroparque El Uval – La Requilina, en la localidad de Usme, las autoridades desmontaron una red de los llamados “tierreros” que utilizaba postes y conexiones eléctricas fraudulentas para simular condiciones de legalidad y vender lotes de manera ilícita.
El hallazgo no solo evidencia una estafa inmobiliaria, sino la existencia de una estructura que recreaba, de forma deliberada, un entorno urbano ficticio para inducir a las víctimas a invertir sus ahorros. Los delincuentes habían instalado al menos 15 postes de energía, algunos presuntamente provenientes de redes de telecomunicaciones, con los que construían una imagen creíble de servicios públicos en zonas donde está prohibido construir.
El mecanismo era claro: ocupar ilegalmente terrenos de especial protección ambiental, delimitar predios con cercados y ofrecerlos como parte de un supuesto “barrio en desarrollo”. Bajo esta fachada, se comercializaban cerca de 200 lotes con precios entre 18 y 22 millones de pesos, dirigidos principalmente a familias de bajos recursos que buscaban acceder a vivienda propia en la periferia de la ciudad.
La puesta en escena no era improvisada.
La instalación de postes, conexiones clandestinas y divisiones físicas generaba la percepción de que el sector contaba con servicios básicos, uno de los factores determinantes para que compradores confiaran en la oferta. En la práctica, se trataba de una simulación diseñada para dar apariencia de legalidad a una actividad completamente ilícita.
Las consecuencias del esquema no se limitaron al fraude económico. Las conexiones ilegales provocaron fallas recurrentes en el servicio eléctrico de predios legales cercanos, debido a la sobrecarga en la red de energía. Este impacto evidenció que la operación no solo afectaba a las víctimas directas de la estafa, sino también a comunidades formales y al funcionamiento de la infraestructura pública.
El operativo interinstitucional, en el que participaron la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, la Alcaldía Local de Usme y las secretarías de Seguridad, Hábitat y Ambiente, permitió desmantelar dos ocupaciones ilegales completas, retirar 15 postes utilizados para el suministro fraudulento de energía y eliminar cercados que pretendían consolidar la ocupación de los predios. Además, se removieron 45 metros cúbicos de escombros y residuos de construcción que estaban afectando el ecosistema del sector.
Las autoridades señalaron que este tipo de estructuras criminales no solo buscan lucrarse a partir de la necesidad de vivienda, sino que también generan un impacto directo sobre zonas de alto valor ambiental. En el caso de Usme, se trata de áreas estratégicas para la sostenibilidad de Bogotá, cuya fragmentación pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
El secretario de Seguridad de Bogotá advirtió que estas prácticas no serán toleradas y que se reforzarán los controles para evitar nuevas ocupaciones ilegales. Sin embargo, el caso deja en evidencia la sofisticación de estas redes, que han evolucionado desde simples invasiones hasta esquemas estructurados de fraude con elementos de ingeniería social y manipulación de infraestructura.
El fenómeno de los “tierreros” en Bogotá no es nuevo, pero este operativo muestra un nivel de organización que plantea nuevos desafíos para las autoridades. La capacidad de simular servicios públicos y construir narrativas de legalidad incrementa el riesgo para los ciudadanos, especialmente en contextos de alta demanda de vivienda y limitadas opciones formales.
Frente a este escenario, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de cualquier predio antes de realizar pagos, especialmente cuando se trate de ofertas en zonas rurales o con precios por debajo del mercado.
El caso de Usme deja una advertencia clara: detrás de la promesa de una vivienda accesible puede existir una estructura criminal que no solo pone en riesgo el patrimonio de las familias, sino que también afecta el orden territorial y ambiental de la ciudad.
