En plena proyección como candidato presidencial, el senador Iván Cepeda enfrenta una prueba que va más allá del discurso: la coherencia frente a los hechos. Mientras avanzan las investigaciones por presuntas irregularidades en la Cancillería, su silencio frente al caso del excanciller Luis Gilberto Murillo ya no se percibe como una omisión aislada, sino como una decisión política que empieza a revelar un reacomodo más profundo dentro de su entorno.
Ese vínculo no es menor ni reciente. En febrero de este año, Murillo expresó públicamente su respaldo a Cepeda, defendiendo su inclusión en la consulta del llamado “Frente por la Vida”. En política, ese tipo de pronunciamientos no son gestos simbólicos: configuran alineamientos, anticipan alianzas y evidencian cercanías en escenarios de disputa electoral.
Pero lo más relevante no es solo el respaldo, sino lo que representa Murillo dentro del mapa político colombiano.
Su trayectoria lo ha llevado a ocupar posiciones clave en gobiernos distintos, incluyendo el de Juan Manuel Santos, y a ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Es decir, ha sido parte de sectores que han operado dentro del poder tradicional del país y que, en distintos momentos, han coincidido con agendas cercanas a la derecha y a corrientes que han tenido afinidad con los sectores más conservadores del poder.
Su llegada al entorno del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, no solo amplió la base del gobierno, sino que evidenció una estrategia de incorporación de actores provenientes de esos sectores. Un pacto que nunca se aclaró a qué se debía.
Es ahí donde el silencio de Cepeda cobra sentido político.
Porque lo que está en juego no es únicamente un caso de presunta corrupción, sino la consolidación de alianzas con figuras que representan ese tránsito entre proyectos políticos y que hoy operan dentro del mismo bloque de poder.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Murillo por posibles fallas en la planeación y ejecución del sistema de pasaportes, incluyendo el uso de la figura de urgencia manifiesta. A esto se suman denuncias sobre contratos entregados sin licitación, incumplimientos y la pérdida de recursos públicos que, según reportes, superan los $3.100 millones sin recuperación efectiva.
Frente a este escenario, el silencio de Cepeda no es neutro.
Cuando un candidato presidencial evita pronunciarse sobre un caso que involucra a una figura que encarna ese tipo de alianzas políticas, lo que se evidencia es una decisión: no tensionar esos vínculos en un momento clave de definición electoral.
Y esa decisión tiene implicaciones directas sobre su narrativa.
Cepeda ha construido su trayectoria política denunciando abusos de poder y confrontando estructuras tradicionales. Sin embargo, su silencio frente a Murillo —y el respaldo explícito que este le ha manifestado— evidencian una tensión entre ese discurso y las dinámicas políticas actuales.
Más aún cuando Murillo arrastra antecedentes como la condena en 1997 por peculado por aplicación diferente, un hecho que derivó en su salida de la Gobernación del Chocó tras decisiones de altas cortes.
En este contexto, el silencio deja de ser una omisión y se convierte en un mensaje.
Un mensaje que refleja hasta dónde llegan las convicciones cuando entran en juego las alianzas.
Hoy, la pregunta no es solo qué ocurrió en la Cancillería. La pregunta es qué tipo de alianzas está dispuesto a sostener quien aspira a la Presidencia.
Y en esa respuesta, el silencio ya está diciendo más de lo que parece.
