El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una de las denuncias más fuertes de su gobierno al señalar la existencia de una presunta red de corrupción que habría infiltrado el Estado durante casi cuatro décadas y que, según afirmó, estaría intentando impedir que el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, declare ante la justicia.
A través de un mensaje público, el mandatario aseguró que la captura y extradición del señalado lavador de activos ha sido bloqueada sistemáticamente por un “filtro delincuencial” compuesto por figuras de alto nivel que temen las revelaciones que podría hacer el implicado.
“Claro que sé de senadores y presidentes y directivos de la DIAN y Aduanas y generales de la policía y expresidentes que temen por sus declaraciones, algunos intentan matarlo si regresa”, afirmó Petro, quien insistió en que su único interés es que el acusado comparezca ante la justicia y diga la verdad.
El jefe de Estado describió una estructura de infiltración profunda dentro de organismos clave como la Policía, la Fiscalía y entidades de control, señalando que esta red habría operado durante 38 años mediante prácticas de corrupción y cooptación institucional.
Según su versión, el contrabandista no solo habría construido una red de lavado de dinero, sino que también habría logrado penetrar las instituciones mediante el soborno de funcionarios. Petro aseguró que, incluso, agentes de inteligencia e investigadores habrían participado en el desvío de recursos provenientes de estas actividades ilícitas.
El mandatario también cuestionó los resultados de las gestiones para lograr la extradición del implicado, a pesar de haber adelantado contactos con autoridades europeas. En su declaración, sugirió que dentro del propio aparato judicial se habrían producido maniobras para desviar la investigación y evitar que se profundice en el alcance histórico de la red.
La denuncia incluyó referencias a posibles vínculos entre esta estructura y hechos de violencia. Petro relacionó el caso con el asesinato de Gilberto Calao, exdirector de la DIAN en Tuluá, y advirtió que nuevas organizaciones criminales estarían intentando tomar el control de las operaciones que antes manejaba Marín.
Además, señaló que las transacciones ilegales entre funcionarios públicos y contrabandistas habrían evolucionado hacia el uso de tecnologías digitales, como el bitcoin, con el fin de evadir el rastreo de las autoridades financieras.
El presidente también lanzó una advertencia sobre el escenario político, al afirmar que existirían pactos entre sectores vinculados a esta red y figuras que aspiran a la presidencia en el próximo ciclo electoral. Según dijo, algunos de estos actores tendrían vínculos con estructuras de poder dentro de la Fiscalía y con la defensa de intereses asociados al paramilitarismo.
Estas declaraciones se suman a versiones de exoficiales de la Policía que han señalado posibles interferencias en operativos de captura contra el implicado en administraciones anteriores, lo que ha intensificado el debate sobre las responsabilidades institucionales en este caso.
La denuncia del presidente abre un nuevo capítulo en la discusión sobre corrupción, infiltración estatal y justicia en Colombia, en un momento de alta polarización política. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de que el implicado declare sin presiones, el país queda a la expectativa de las posibles revelaciones y del avance de las investigaciones.
