Hay trayectorias políticas que se construyen sobre discursos. Y hay otras que arrastran historias.
La de Abelardo de la Espriella parece moverse entre ambas. Mientras busca posicionarse con un mensaje de mano dura y confrontación ideológica, su pasado como abogado y empresario sigue dejando rastros que conectan con algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia.
No se trata solo de polémicas. Se trata de relaciones, transacciones y decisiones que, vistas en conjunto, configuran un mapa que merece ser observado con detenimiento.
La huella que Espriella no pudo borrar.
En Becerril, Cesar —una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado y la expansión del paramilitarismo—, De la Espriella adquirió en 2013 un predio de 178 hectáreas conocido como Nueva Jerusalén. El terreno había sido heredado por miembros de la familia Rodríguez Fuentes, entre ellos Hugues Rodríguez, alias ‘Comandante Barbie’, condenado por promover la conformación de grupos paramilitares y vinculado al narcotráfico.
La compra, por 680 millones de pesos, no ocurrió en cualquier contexto. El predio está ubicado en una zona estratégica del corredor minero del Cesar y colinda con tierras que, según expedientes judiciales y reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron utilizadas como base de operaciones paramilitares.
En particular, la finca El Carmen —vecina directa del terreno adquirido— ha sido señalada como uno de los espacios desde donde se consolidó la expansión del Bloque Norte, responsable de una parte significativa de las masacres en la región entre los años noventa y la primera década del 2000.
El informe es contundente: en esa zona, estructuras paramilitares entrenaron, operaron y ejecutaron crímenes sistemáticos. Y es en ese entorno donde se ubica la propiedad de Abelardo de la Espriella.
Pero la relación no termina en la compra.
De la Espriella no solo adquirió tierras vinculadas históricamente a un condenado por paramilitarismo, sino que también ha tenido relaciones jurídicas y empresariales con ese mismo entorno familiar. Ha sido apoderado de empresas de los Rodríguez Fuentes y ha compartido negocios con miembros de ese círculo, incluyendo vínculos societarios en empresas de licores.
Es decir, no se trata de un contacto incidental.
Es una red de relaciones que se extiende en el tiempo.
A esto se suma otro elemento clave: la defensa de figuras vinculadas al crimen y al paramilitarismo.
A lo largo de su carrera, De la Espriella ha representado a personajes como Jorge Visbal Martelo, condenado por vínculos con grupos paramilitares; David Murcia Guzmán, responsable de la mayor pirámide financiera del país; y Alex Saab, señalado como operador financiero del régimen de Nicolás Maduro
También ha tenido cercanía con figuras como Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, con quien —según se ha conocido— mantenía una relación personal desde años atrás y a quien visitó en cárceles en Estados Unidos.
La defensa de estos personajes ha sido, en su momento, justificada bajo el argumento del ejercicio profesional del derecho.
Pero en el escenario político, esas decisiones adquieren otra dimensión.
Porque la pregunta ya no es jurídica, sino ética y política: ¿qué tipo de relaciones ha construido quien hoy aspira a gobernar el país?
El contraste es inevitable.
Mientras repite su mensaje de luchar contra el crimen y defender el orden, su trayectoria evidencia una cercanía reiterada con actores que han estado en el centro de investigaciones por corrupción, narcotráfico y paramilitarismo.
Y ahí es donde la historia se vuelve relevante.
Porque no es un hecho aislado. Es una acumulación.
Una acumulación de vínculos que van desde la defensa legal hasta la participación en negocios y la adquisición de bienes en territorios marcados por la violencia.
El caso de Nueva Jerusalén es quizás el ejemplo más claro de esa intersección entre poder, territorio y conflicto. Un predio que, más allá de su valorización económica —hoy superior a su precio de compra—, está rodeado por una historia que no puede ignorarse.
Una historia de despojo, de control armado y de disputas por la tierra.
Hoy, esas preguntas vuelven a emerger.
No como ataques políticos, sino como elementos de contexto que permiten entender el recorrido de un político que, mientras promete cambiar el país, carga con un pasado que sigue generando interrogantes.
En Colombia, la memoria no es un asunto del pasado.
Es una herramienta para entender el presente.
Y en el caso de Abelardo de la Espriella, esa memoria sigue exigiendo verdad y justicia.
